Fotos vía Policía de Migración
Un llamado judicial al respeto por los derechos humanos
La Sala Constitucional de Costa Rica (Sala IV) emitió una sentencia que obliga al Gobierno a liberar y regularizar el estatus migratorio de decenas de personas trasladadas desde Estados Unidos al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM), ubicado en Corredores de Puntarenas.
La resolución da un plazo de 15 días naturales al director de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano —o su sucesor— para que emita un acto individual, debidamente fundamentado, sobre la situación migratoria de cada una de estas personas y se les otorgue libertad inmediata.
¿Quiénes son los migrantes trasladados?
En febrero de este año, 200 personas migrantes llegaron a Costa Rica como parte de un acuerdo humanitario entre el gobierno de Rodrigo Chaves y la administración estadounidense. Estas personas fueron admitidas de manera excepcional y transitoria, sin necesidad de cumplir con los requisitos migratorios usuales.
Los migrantes provenían de más de una docena de países, incluidos Afganistán, Irán, Rusia, Turquía, Yemen y Nepal. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que se realizó un análisis de seguridad previo, descartando antecedentes penales o nexos con organizaciones ilícitas.
¿Qué exige la sentencia?
La Sala IV no solo exige definir el estatus legal de estas personas y ponerlas en libertad, sino que también instruye al Estado a valorar y garantizar su acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, en coordinación con otras entidades públicas.
Por otra parte, el tribunal rechazó el recurso en lo que respecta al derecho a la información pública y ratificó que el acto de admitir a estas personas fue una decisión política, no sujeta a control de constitucionalidad.
Además, el Estado fue condenado al pago de daños y perjuicios a causa de los hechos denunciados.
Situación actual de los migrantes
Al 12 de junio, según declaraciones del viceministro Omer Badilla Toledo, 33 migrantes aún permanecían en territorio nacional. De ellos, 8 son rusos, 7 turcos, 6 armenios, 4 azerbaiyanos, 4 iraníes, 3 afganos y 1 congoleño.
Estos individuos cuentan actualmente con libertad de movimiento y la opción de regularizar su situación migratoria. Además, se les ha concedido una prórroga de tres meses para permanecer legalmente en el país, con posibilidad de extensión.
Defensoría y condiciones del CATEM
La Defensoría de los Habitantes, liderada por Angie Cruickshank, ha señalado en múltiples ocasiones que el CATEM no reúne las condiciones óptimas para albergar a personas en procesos migratorios complejos.
Asimismo, criticó la falta de claridad legal hacia los migrantes y denunció que algunos necesitan custodia para salir del centro, a pesar de no estar privados legalmente de libertad.
Cruickshank también lamentó el trato desigual entre los migrantes que ya se encontraban en el CATEM y quienes llegaron como parte del acuerdo bilateral.
Sistema judicial enfrenta desafíos estructurales
El más reciente Informe del Estado de la Justicia subraya que el país cuenta desde 2010 con normativa para atender la vulnerabilidad de la población migrante. Sin embargo, la aplicación efectiva de esas normativas enfrenta múltiples barreras:
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Escasez de recursos institucionales
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Procesos administrativos deficientes
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Desconocimiento técnico del personal judicial
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Falta de coordinación entre instituciones del Estado
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